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Autor: Samuel Muniu | 24 de junio de 2020
Desatención a los derechos humanos durante la crisis por la COVID-19
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a la COVID-19 el 11 de marzo de 2020, países de todo el mundo han establecido medidas de contención, entre ellas restricciones a la circulación de personas; el confinamiento total o parcial en ciudades, regiones o estados; la prohibición de los viajes; la imposición de toques de queda; la aplicación de cuarentena para personas expuestas a la enfermedad, y el aislamiento de personas con diagnóstico confirmado. Estas medidas buscan asegurar que los ciudadanos eviten infectarse y gocen de su derecho a la salud. Sin embargo, las medidas de prevención de muchos países mostraron el uso excesivo de la fuerza e incluso casos de violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos. Las respuestas a la pandemia han puesto en evidencia la necesidad de recordarles a los países respetar los derechos humanos mientras responden a una crisis sanitaria.
Financistas internacionales del sector salud, entre ellos el Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, se han manifestado brindando un sólido apoyo a los países para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Así, por ejemplo, hasta el 23 de junio, el Fondo Mundial había aprobado $ 357 millones para ayudar a 95 países y ocho regiones a combatir la COVID-19. Dichos fondos forman parte de los mil millones de dólares que el Fondo Mundial ha puesto a disposición de los países mediante flexibilidades respecto a ahorros de subvenciones y reprogramaciones, así como su mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM, por sus siglas en inglés). Los países y las regiones pueden usar estos fondos para evaluar su nivel de preparación para enfrentar las epidemias, analizar y transportar muestras, prevenir y controlar infecciones en centros de salud, apoyar la infraestructura de vigilancia sanitaria y crear conciencia.
Estándares mínimos del Fondo Mundial relativos a los derechos humanos
El Fondo Mundial publicó una nota de orientación titulada Derechos humanos en tiempos de la COVID-19 en la que les pedía a los implementadores de subvenciones incluir estándares relativos a los derechos humanos en sus respuestas a la pandemia. Todas las personas, incluidas las personas con VIH y/o TB, y las poblaciones vulnerables, deberían tener acceso igualitario a pruebas, tratamientos y atención por COVID-19. El Fondo Mundial les exige a los implementadores de subvenciones adoptar tratamientos y prácticas científicamente sólidos y aprobados en sus respuestas a la COVID-19. Los implementadores de subvenciones del Fondo Mundial no deben implementar prácticas sanitarias que puedan ser consideradas crueles, inhumanas, degradantes o que constituyan una tortura. Los implementadores deberían respetar estándares éticos como la confidencialidad, el derecho a la privacidad y el consentimiento informado al tomar pruebas y tratar la COVID-19. Asimismo, deberían evitar la detención médica y el aislamiento involuntario, y aplicar estas medidas solo como último recurso.
Preocupaciones respecto a los derechos humanos por medidas de contención de la COVID-19
Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que los países pueden restringir ciertos derechos en caso de enfrentar graves amenazas a la salud pública, como la pandemia de la COVID-19. No obstante, todos los esfuerzos por contener la amenaza a la salud pública deberían ser legales, necesarios y proporcionales. Dado que la mayoría de los países estuvieron mal preparados para responder a la pandemia, aplicaron medidas de contención que incluyeron declarar estado de emergencia para ganar tiempo para aumentar su capacidad para responder a la enfermedad mientras se ralentizaba su propagación.
Sin embargo, en muchos países, la aplicación de ciertas medidas de contención condujo a violaciones de derechos humanos. En este artículo exponemos casos de abusos relativos a derechos humanos al combatir la COVID-19 en El Salvador, la India, Kenia, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica y Uganda. Hasta el 23 de junio, el Fondo Mundial había aprobado $ 1,2 millones para El Salvador, $ 21 millones para la India, $ 22,5 millones para Kenia, $ 3,1 millones para Pakistán, $ 14,7 millones para Filipinas, $ 12,3 millones para Sudáfrica y $ 30,7 millones para Uganda para luchar contra la COVID-19. El Fondo Mundial puso estos fondos a disposición mediante flexibilidades respecto a ahorros de subvenciones y reprogramaciones, así como mediante su C19RM.
En Kenia, el gobierno impuso el toque de queda desde el anochecer hasta el amanecer desde el 27 de marzo y el 15 de abril añadió la obligación de utilizar mascarillas en espacios públicos. Los residentes que violaron el toque de queda y aquellos que no utilizaron mascarillas en espacios públicos fueron obligados a ingresar a centros de cuarentena, según indican los medios The Star, Standard y Daily Nation. Así, la cuarentena se convirtió en una medida punitiva en lugar de una intervención sanitaria. Durante los primeros diez días del toque de queda en Kenia, al menos seis personas murieron debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Además, la Comisión de Derechos Humanos de Kenia detectó arrestos arbitrarios y violencia policial, como casos en los que se azotaron a personas que se trasladaban de su trabajo a sus hogares incluso antes de que empezara el toque de queda.
En Uganda, la recientemente establecida Unidad Local de Defensa (LDU, por sus siglas en inglés), que incluye a la policía y al ejército, ha sido acusada de ejercer violencia para hacer cumplir las directivas relacionadas con la COVID-19, según señala el Daily Monitor. El 26 de marzo, personal de LDU fue acusado de golpear a vendedores de frutas y verduras, y a motociclistas en Kampala como castigo por incumplir la directiva de cerrar mercados no alimentarios. También hubo informes de que el 3 de abril la policía obligó a desvestirse a un grupo de mujeres en la frontera de Elugu que no respetaron las normas del toque de queda.
En Filipinas, hubo informes de castigos abusivos aplicados a personas que incumplieron las normas de confinamiento. El Manila Bulletin indica que la policía de Filipinas encerró en jaulas para animales a personas que incumplieron con el confinamiento y las dejó expuestas al ardiente sol del mediodía.
En Sudáfrica, la lucha contra la COVID-19 se vio socavada por el uso excesivo de la fuerza para hacer cumplir el confinamiento. Por ejemplo, según Capital News y Mail & Guardian, la policía sudafricana usó cañones de agua y balas de goma para atacar a habitantes de barrios precarios que no respetaban el distanciamiento social.
En la India y en Pakistán se han informado casos preocupantes similares. En su labor de hacer cumplir las restricciones de circulación, policías de la India y de Pakistán golpearon con bastones a hombres que violaron esta directiva y a otros los obligaron a gatear y a hacer sentadillas a un lado de las carreteras. El diario The Times of India informó sobre un incidente en el que funcionarios indios vestidos con ropa de protección personal rociaron con desinfectante químico a trabajadores inmigrantes.
En El Salvador, la policía detuvo en centros de confinamiento a más de 1200 personas que violaron las órdenes del toque de queda. No obstante, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador falló en contra de estos arrestos y aclaró que las detenciones arbitrarias no estaban justificadas.
La necesidad de respetar los derechos humanos al responder a pandemias
Para la mayoría de gobiernos, las pruebas para detectar la COVID-19 son una forma de ayudar a reducir la propagación del virus. Es fundamental que los gobiernos adopten medidas de confinamiento que respeten los derechos humanos para crear un ambiente que anime a las personas a buscar servicios de atención médica y a presentarse voluntariamente para las pruebas. El uso de la violencia y de castigos abusivos menoscaban la confianza de los ciudadanos en el gobierno y su disposición para realizarse exámenes de diagnóstico.
Todas las personas deberían preocuparse por la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos durante la crisis de la COVID-19 para mantener el apoyo público a las medidas de confinamiento establecidas. Por ello, la comunidad internacional debería unir fuerzas con el Fondo Mundial para asegurar que los países respeten los derechos humanos en la lucha contra la COVID-19 y otras enfermedades. El Fondo Mundial ha emitido una nota de orientación para los países que implementan sus subvenciones en la que insiste en la necesidad de respetar los derechos humanos. El Fondo Mundial debería aprovechar su presencia en más de 100 países para lograr su tercer objetivo estratégico de promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género. También es necesario que los países, con el apoyo de socios, diseñen programas para reducir el uso excesivo de la fuerza y de la violencia al velar por el cumplimiento de las medidas de contención. Estos programas deberían estar destinados a agentes del orden, en particular a policías, para instruirlos sobre cómo hacer cumplir directivas gubernamentales en un contexto en el que se busca contener la COVID-19 respetando los derechos humanos. Los países pueden imitar aspectos de este tipo de programas a partir de la guía práctica recientemente desarrollada por Frontline AIDS con el apoyo de BACKUP Health de la GIZ y el Fondo Mundial sobre la implementación y la ampliación de programas para eliminar barreras relativas a los derechos humanos en los servicios para el VIH. Si bien la guía está diseñada para organizaciones, redes y comunidades que implementan programas para eliminar barreras relativas a los derechos humanos en los servicios para el VIH, también puede usarse en otros contextos, como el de la contención de la COVID-19.