América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030

La constitución del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en el III Foro Regional de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible en el 2018 fue un avance importante pero no ha sido suficiente para que se cambie la metodología y espíritu del Foro para asegurar el diálogo entre representantes de gobiernos y representantes de sociedad civil de manera significativa. Los Estados de América Latina y el Caribe siguen lejos de cumplir con los objetivos establecidos por la Agenda 2030, sin embargo siguen evadiendo escuchar desde la sociedad civil dónde están las brechas que se deben atender para poder avanzar.

Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra región sufre el estancamiento económico – e incluso el estancamiento de la disminución de la pobreza – , y el retroceso del crecimiento y de la distribución, el aumento exorbitante de la deuda externa, la profundización de políticas económicas de austeridad fiscal y regresivas, que concentran riqueza en unos pocos; el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización; los altos índices de corrupción en un entorno de impunidad; la violación de los derechos con el aumento de las tendencias autoritarias, la persecución y criminalización de defensoras/res de derechos humanos, económicos, sociales, ambientales, culturales y laborales, y la represión y criminalización de la protesta ciudadana.

Esa realidad es grave y, si previamente las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región impedían el logro de los ODS, ahora, ante la pandemia del COVID-19, se evidencia aún más la urgencia de un cambio radical en la acción de los gobiernos y la puesta en marcha de un pacto mundial por la implementación de nuevos modelos de desarrollo, que garanticen la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030. La pandemia, que implica un cambio total en la vida de todas las personas y sus relaciones (inclusive con la naturaleza), profundiza las desigualdades, el deterioro económico y evidencia el desmantelamiento sistemático de inversión registrada en los sistemas públicos de salud y educación, y en la protección social. Es también una oportunidad para que los gobiernos, junto con la sociedad civil, consideren los cambios necesarios para evitar el deterioro del planeta y reconocer la protección de la vida y la garantía de los derechos humanos como políticas de estado. Vivimos una crisis cuyo impacto no podemos aún dimensionar. Pero tenemos esperanza de superarla a partir de un diálogo horizontal y transparente, y de la puesta en marcha de transformaciones políticas, sociales y un cambio en el modelo de desarrollo.

Nuestras propuestas son:

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